sábado, 26 de janeiro de 2013

Processar o crime e não só os criminosos


Meu querido amigo, companheiro de exílio na embaixada do Panamá (na minha própria casa –ver notícia no meu blog) durante o golpe fascista no Chile e meu  advogado para a busca de recuperação dos meus bens expropriados pela ditadura militar, Eduardo Contreras, o qual foi também o que teve a coragem de processar o próprio ditador Augusto Pinochet, se atreve a colocar o povo chileno diante de sua história recente outra vez. Não basta processar o Estado chileno pelos crimes cometidos durante a ditadura cívico militar comandada por Pinochet. É necessário processar o próprio golpe militar com sua corte de sangue, torturas, perseguições, etc.

Segue o histórico documento de Eduardo Contreras apresentado como processo ao Tribunal Superior do Chile. Exemplo para outros países, como o Brasil, a Argentina e tantos outros atos de violência contra nossos povos e seus legítimos líderes. É absurdo que se aceite e se deixe impune estas manchas que tanto mal produziram em gerações inteiras na nossa região e em outras partes do mundo.  


Iltma. Corte de Apelaciones
Materia: Querella Derechos Humanos
Ministro: Sr. Mario Carroza
Procedimiento: Código de Procedimiento Penal
En lo principal, querella criminal por  delitos que indica; En el Primer Otrosí, Solicita exención de fianza de calumnias; En el Segundo Otrosí,  Solicita diligencias; En el Tercer Otrosí, Acompaña documentos. ; En el Cuarto Otrosí, Solicita se traiga expediente a la vista ;En el Quinto Otrosí, Patrocinio y Poder.-


SEÑOR MINISTRO

LORENA PIZARRO SIERRA, cédula de identidad nº10.434.621 - 9, Presidenta de la organización denominada  “AGRUPACION DE FAMILIARES DE DETENIDOS DESAPARECIDOS”, AFDD, RUT nº72.366.200 -1, y ALICIA LIRA MATUS, cédula  de identidad nº  5.579.740-4, Presidenta de la Organización No Gubernamental, ONG, denominada “ AGRUPACIÓN DE FAMILIARES DE EJECUTADOS POLÍTICOS”, AFEP,   RUT 73.878.600-9, creada por  Decreto Nº 835 de   22  de agosto de 1996, ambas domiciliadas para estos efectos en calle Agustinas nº 1022, oficina 328, Santiago Centro, a SS Iltma. respetuosamente decimos :

Que por este acto entablamos querella criminal por los delitos que se describe en el cuerpo de este escrito en contra de todos quienes corresponda, chilenos o extranjeros, militares o civiles, en relación a los crímenes perpetrados con ocasión del golpe militar del 11 de septiembre de 1973 y que constituyen la estructura y esencia misma de esa sublevación antidemocrática que abrió paso al genocidio que los tribunales investigan hasta hoy, pero sin  que hasta ahora se juzgue el golpe en sí y los delitos que ese propio acto implica.
El golpe en sí mismo y los ilícitos penales cometidos el propio 11 de septiembre del 73 constituyen delitos de lesa humanidad, imprescriptibles de acuerdo a los Tratados Internacionales suscritos por Chile que gozan de rango constitucional y de acuerdo además con la propia Jurisprudencia de nuestros tribunales y en especial de nuestra Excma. Corte Suprema en fallos reiterados.

1.- LOS HECHOS :

Como es de conocimiento de general, en los años de la dictadura y pese a los notables esfuerzos de los familiares de las víctimas y de sus organizaciones, con el apoyo de un grupo de abogados, de entidades humanitarias y religiosas y de la elevada actitud de determinados jueces y ministros de Corte, lo objetivo es que el avance en materia de investigación y juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en nuestro país durante la dictadura militar encabezada por Augusto Pinochet, fue escaso y excepcional.

La querella presentada en enero de 1998 en las nuevas condiciones del país y acogida a trámite por del Poder Judicial a través de la Corte de Apelaciones de Santiago, fue la que abrió paso a una etapa nueva en la historia judicial chilena. A fines de ese mismo año eran alrededor de 400 las querellas contra Pinochet y los demás responsables de las debía conocer un solo magistrado, el Ministro del Fuero don Juan Guzmán Tapia. Entre ellas las de casos emblemáticos como los de “Calle Conferencia”, “Caso de los 119”, “Operación Cóndor”, “Caravana de la muerte”, “Colonia Dignidad” y muchos otros.
El elevado número de querellas determinó a las  autoridades judiciales a distribuir las causas entre un reducido grupo de jueces llamados “ de dedicación especial” que permitió la agilización relativa de los procesos en curso, los que hasta hoy no terminan de modo definitivo. Todavía más : el año 2010 se inició la presentación por parte de la AFEP de 1.300 nuevas querellas que corresponden a igual número de casos nunca antes investigados. Entre ellos figuran los del Presidente Allende y el General Bachelet.
En su inmensa mayoría esas nuevas querellas corresponden a los asesinatos de centenares de chilenas y chilenos anónimos, de todas las edades, sexo  y condición social. 

A estas fechas, tanto el tribunal de SS.Itma. como otros a los que se ha derivado causas, han obtenido logros judiciales significativos y concretos que anidan la esperanza de recuperar a plenitud la confianza en nuestros tribunales.

De lo dicho se concluye categóricamente que se encuentra establecido por los órganos pertinentes del Estado de Chile la existencia real de crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado a partir del 11 de septiembre de 1973 y hasta el término de la dictadura, con la complicidad de numerosos civiles y medios de prensa comprometidos con ese régimen antidemocrático.

Está por tanto establecido que hubo centenares de detenidos desaparecidos y miles de ejecutados ilegalmente, torturados, violados y violadas y prisioneros sin juicio.


Es más, se ha sometido a proceso y condenado a algunas decenas de esos agentes del Estado, de los que unos 70 de ellos se encuentran hoy en prisión cumpliendo las penas impuestas de conformidad a la ley, luego de un  debido proceso.


Esta es la verdad objetiva, esto es parte indiscutible de la historia judicial del país y esta situación contribuye objetivamente, aunque sea todavía de forma parcial, a los nobles propósitos de verdad y justicia que son contribuyentes del propósito superior de desarrollo y consolidación de la democracia.

Sin embargo sigue pendiente una carencia jurídica y judicial fundamental, como es el enjuiciamiento del origen mismo de las múltiples violaciones a los derechos humanos, esto es al golpe de Estado del 11 de septiembre del 73 como tal y los delitos previos que esa operación político militar conllevó.
Así como la confesa participación en ellos, en diversas condiciones jurídicas, de personas y autoridades de estados extranjeros lo que constituyò un gravísimo atentado a la soberanía nacional, que contó con la complicidad de  nacionales, civiles y militares.

Ese criminal golpe no fue por cierto una locura matinal del dictador. Ese crimen de lesa patria y de lesa humanidad se vino fraguando con tiempo y en esa sórdida conspiración de políticos, mandos de las Fuerzas Armadas, dueños de medios de prensa, poderosos empresarios y aparatos de inteligencia extranjeros, participaron muchos individuos que nunca han sido procesados y que siguen gozando de inmerecida impunidad y libertad.

No podrá cerrarse jamás este negro capítulo de la historia si no se abre proceso en contra de los crímenes del golpe mismo en sí y del conjunto de ilícitos que se perpetraron.

 ¿Cómo podría explicarse que se juzgó las consecuencias y no la causa de los crímenes? ¿Puede haber crímenes tan alevosos como este genocidio cuya causa sea legítima?

¿Fueron sólo “excesos de autoridad” como sostienen varios de los que hace mucho que debieran estar encarcelados?.Si sólo fuera eso, ¿cómo se explican los numerosos juicios de derechos humanos ya con sentencia definitiva? Una necesidad elemental de justicia y racionalidad jurídica motivan la presente acción penal.

Entrando en materia, digamos que constituyen hoy verdades indiscutibles científicamente comprobadas, tantoel carácter criminal del golpe, la presencia en su preparación y ejecución de parte de una potencia extranjera y el papel de sus servicios de inteligencia, la conspiración previa entre políticos chilenos, miembros de las Fuerzas Armadas y el auspicio de la Central de Inteligencia  norteamericana, la CIA. Es más, todo ha sido expresamente investigado en primer lugar por  organismos del propio Estado norteamericano. Baste sólo con mencionar el llamado INFORME CHURCH  del Senado norteamericano, luego los numerosos documentos desclasificados de la CIA y, adicionalmente, el denominado INFORME  HINCHEY.

La primera sesión del Senado del 94 Congreso de la Unión de los EEUU de Norteamérica, de fecha 18 de diciembre de 1975, conoció del Informe acerca de la Acción Encubierta en Chile entre los años 1963 a 1973 preparado por  llevada a cabo por la Comisión Electa para el Estudio de Operaciones Gubernamentales concernientes a Actividades de Inteligencia, que incluye el papel de las Corporaciones Multinacionales en la sedición.

Esta importante Comisión fue presidida por el Senador republicano por Idaho, señor FranckChurch e integrada por una veintena de parlamentarios estadounidenses y funcionarios especializados. Es la razón por la que se le conoce mundialmente como el “Informe Church”. Un documento a prueba de toda duda o suspicacia pues se trata de un texto elaborado por personas que por su militancia política más bien son afines a los golpistas y en ningún caso de progresistas enemigos de la dictadura. Como dice su propia introducción : “Las declaraciones de los hechos contenidos en este informe son verdaderas bajo las mejores cualidades del personal de la Comisión para determinarlos. El informe y todos los juicios expresados en él están probados. Varias áreas son meramente mencionadas en él; la investigación en estas áreas continúa.”
“El fin del informe es señalar los hechos básicos de la acción encubierta en Chile para capacitar a la Comisión y sostener audiencias públicas. Este informe está basado en una extensa revisión de documentos de la Agencia Central de Inteligencia, El Departamento de Estado y Defensa, y el Consejo de Seguridad Nacional; y bajo testimonio de oficiales y antiguos oficiales. 

Con muy pocas excepciones, algunos nombres de chilenos y de Instituciones Chilenas, han sido omitidos para evitar revelaciones de fuentes y métodos de inteligencia y para evitar daños innecesarios a chilenos que cooperan con la Agencia Central de Inteligencia. Sin embargo, el informe procura ofrecer una imagen exacta del alcance, los fines y la magnitud de la acción encubierta de los Estados Unidos en Chile.”

El importante documento desarrolla lo que fueron las acciones subversivas encubiertas entre los servicios de inteligencia norteamericanos y políticos chilenos y propietarios de medios de comunicación, sus técnicas, las actividades clandestinas, presencia de las grandes empresas, el apoyo con dinero a determinados partidos políticos chilenos, papel de EEUU en las elecciones presidenciales chilenas de 1964 y de 1970, su influencia en determinados medios de comunicación, la desestabilización económica y política contra el gobierno del Presidente Allende así como las acciones llevadas a cabo a partir del 73, incluídos el enlace y colaboración con las policías nacionales y los servicios de inteligencia y contrainteligencia de las FFAA chilenas.

Se demuestra en este documento – que emana al fin y al cabo del propio Estado norteamericano - que mediante la inversión de millones de dólares se compró la conciencia y la acción de un vasto grupo de políticos, de parlamentarios y empresarios. 

El fin era clarísimo : impedir que en Chile se produjera todo proceso de cambio social, económico o político que pudiera afectar los intereses norteamericanos en Chile.
Para ello, entre otros, se puso en movimiento a organizaciones terroristas como “Patria y Libertad” dirigida por el abogado Pablo Rodríguez Grez o el Comando Rolando Matus; se entregó cuantiosos recursos a gremios como el de los camioneros o a líderes del comercio, se provocó el acaparamiento y la escasez de productos, el estallido de bombas y la ejecución de atentados, las huelgas patronales y del transporte y se captó a dirigentes políticos de derecha y de centro.

Como se señala en el Informe,“los esfuerzos de los Estados Unidos para alterar el curso de la política chilena alcanzó la cima en 1970: la CIA fue orientada a emprender un esfuerzo para promover un golpe militar en Chile, evitando así el ascenso al poder de Salvador Allende. Esta tentativa, también llamada "Plan de Operaciones II", es el tema de un informe individual de la Comisión y será tratado abajo, en la sección III. Aquí, un breve resumen demostrará la extrema intervención encubierta americana en la política chilena.”
“El 15 de septiembre de 1970 - después de que Allende terminara primero en las elecciones pero antes de que el Congreso chileno hubiera elegido entre él y el candidato, Alessandri |4|, - el Presidente Nixon se reunió con Richard Helms, el Director de la Central de Inteligencia, el asistente al Presidente para asuntos de Seguridad Nacional Henry Kissinger y el procurador general John Mitchell. Helms fue comisionado para prevenir que Allende se hiciera con el poder. Este empeño se llevó a cabo sin el conocimiento del Departamento de Estado y Defensa o del Embajador.”
“Rápidamente resultó evidente tanto para la Casa Blanca como para los oficiales de la CIA que un golpe militar era la única solución para evitar el ascenso de Allende al poder. Para lograr este fin, la CIA estableció contacto con varios grupos de conspiradores militares y finalmente pasó armas y gas lacrimógeno a uno de ellos. La CIA sabía que los planes de todos los grupos de conspiradores se iniciaban con el secuestro del constitucionalista Jefe del Estado Mayor del Ejército, General Rene Schneider.”

Sólo la Agencia Central de Inteligencia de los EEUU, la CIA, gastó secretamente ocho millones de dólares entre 1970 y el golpe militar en Septiembre 1973, con más de tres millones de dólares gastados  en el año fiscal 1972. El Informe consigna detalladamente las sumas de dólares invertidas para financiar la ofensiva de los diarios de la empresa de “El Mercurio” de propiedad de Agustin Edwards así como la huelga de los camioneros en contra del gobierno constitucional elegido en 1970.

Consigna además los pagos a partidos chilenos, la determinación personalizada de los candidatos al parlamento  a los que la CIA entregaría fondos así como los pagos para la infiltración en el movimiento estudiantil y en la Central de Trabajadores. 

Como ya dijimos, también consta allí la directa participación norteamericana en el asesinato del general constitucionalista René Schneider,

Nuestra realidad actual muestra que lograron su objetivo plenamente. 

Gracias a la dictadura  impusieron un modelo económico, político y social acorde a sus fines, excluyente, desolidarizado, basado en la ganancia y la apropiación, dependiente del capital extranjero. El Cobre en los hechos está desnacionalizado y en Chile, en suma, no se recupera todavía una democracia plena.

Para ello se llevó a cabo el golpe de Estado que cristalizó el 11 de septiembre del 73 con la realización de un conjunto de ilícitos cometidos ese mismo día y que nunca han sido sancionados.

Si hemos hecho esta larga relación inicial es precisamente para recordar y explicar  el contexto general en que se enmarcó la comisión de los delitos cuya investigación judicial reclamamos.

Por si fuera insuficiente, nos hacemos un deber en señalar que en respuesta a la Sección 311 de la Ley de Autorización en Materia de Inteligencia (IntelligenceAuthorizationAct) para el Año Fiscal 2000, conocida más bien como la "Enmienda Hinchey", la Comunidad de Inteligencia (CI), dirigida por el Consejo Nacional de Inteligencia, revisó una serie de archivos relevantes de la CIA de ese período, básicamente a partir de recientes búsquedas documentales y estudió gran número de informes del Congreso concernientes a las actividades en Chile en los años 60 y 70.
Asimismo dicha Comunidad revisó las memorias de figuras clave, incluidas las de Richard Nixon y Henry Kissinger; revisó el archivo histórico oral de la CIA que se encuentra en el Centro de Estudios de Inteligencia; y, consultó con funcionarios de inteligencia en retiro que estuvieron directamente involucrados.

Esta amplia base de información otorga una gran fiabilidad a los hechos establecidos y que hemos intentado resumir en el presente escrito.

Resulta pues indispensable desde el punto de vista legal, judicial y ético, establecer judicialmente las responsabilidades de cada cual en los crímenes de lesa humanidad previamente perpetrados camino del asalto al palacio de la Moneda, así como los cometidos o iniciados el mismo día del golpe y sólo así podrá entenderse que el Poder Judicial de Chile cumplió cabalmente su papel de juzgar estos graves delitos.

Huelga  comentar por ser hechos suficientemente conocidos que el mismo día 11 de septiembre del 73, junto con concretar y consumar el delito largamente preparado con mucho tiempo de antelación por los sediciosos, militares y civiles, se perpetró una serie de delitos conexos tales como el innecesario y abominable bombardeo a La Moneda, el despliegue de tropas militares por todo el país 0aterrorizando a la población y asesinando inocentes, torturando, saqueando propiedades. 

El propio asalto armado a La Moneda es en sí un ilícito impune hasta hoy.

La inmensa mayoría de estos delitos relacionados estrechamente con el golpe y que forman parte del mismo ilícito no han sido investigados o lo han sido aisladamente. Tampoco se investigó nunca los actos terroristas que los golpistas cometieron en preparación del golpe

2.- LOS ILÍCITOS PENALES :

Las conductas descritas importan a lo menos la existencia de los delitos previstos y sancionados por los artículos 121 y 122 del Código Penal, vigentes en la época de los hechos, de sublevación y rebelión contemplados en las normas citadas.

Esto es, alzarse a mano armada contra el gobierno legalmente constituido con el objeto de promover la guerra civil, de cambiar la Constitución del  Estado o su forma de gobierno, privar de sus funciones o impedir que entren al ejercicio de ellas al Presidente de la República o al que haga sus veces, a los miembros del Congreso Nacional o de los Tribunales Superiores de Justicia. 

En efecto, el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, por la fuerza de las armas y a través de Mandos Militares y Decretos Leyes, dejó sin efecto la vigencia de la Constitución Política de 1925, atentó contra entes políticos, destituyendo al Presidente de la República, disolvió el Congreso Nacional e intervino el Poder Judicial.

Al mismo tiempo los golpistas del 73 cometieron crímenes en contra de Ministros de Estado, vice ministros o subsecretarios. Jefes de servicio, intendentes, gobernadores, alcaldes y todo tipo de funcionarios públicos. Esos crímenes según los casos, fueron asesinatos, ejecuciones sumarias, torturas o privación ilegítima de libertad.

Los hechos expuestos tipificaron también el delito previsto y sancionado en el artículo 122 del Código Penal, esto es, a los que induciendo a los alzados, hubieren promovido o sostuvieron la sublevación y los caudillos principales de esta, siendo coautores de la rebelión, sea como autores, ejecutores o como autores instigadores que tuvieron alguna forma de intervención personal o directa en el alzamiento mismo aunque no consista en su presencia física a la cabeza de los sublevados o en el sitio de los sucesos.

Se configuran por supuesto también los delitos de homicidios, y el de lesiones graves, sean consumados o en grado de tentativa, respecto de las personas a las que les alcanzaron los disparos o bombas lanzadas por los asaltantes del Palacio de La Moneda. 

Existe por supuesto el delito de daños a la propiedad del Estado y el delito de incendio, los que se configuran a partir del muy cobarde bombardeo a La Moneda.

Además, se configura el delito de Asociación Ilícita, previsto y sancionado en el artículo 292 del Código Penal, que sanciona a la asociación formada con el objeto de atentar contra el orden social y contra las personas.

El golpe de Estado de 11 de septiembre de 1973, como ya se ha descrito en el cuerpo de este escrito, fue planificado por una potencia extranjera aliada con elementos civiles y militares nacionales y perpetrado por grupos militares y civiles organizados, con el objeto de alzarse a mano armada contra el gobierno democrático y constitucional, pero además, de secuestrar, torturar y asesinar a miles de militantes y partidarios del gobierno constitucional, por razones políticas.

Ello configura un tipo de asociación ilícita asimilable al delito de genocidio, definido en la Convención para la prevención y  sanción del delito publicado en el Diario Oficial de fecha 11 de diciembre de 1953.
Esto es, destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, social y religioso y actualmente sancionado en la Ley 20.357, publicado con fecha 18 de julio de 2009 en su artículo 11 y 15 sobre Asociación Ilícita para cometer delitos de lesa humanidad o genocidio.  

Los ejecutores uniformados y civiles del episodio más trágico de la historia de Chile han cometido además delitos contemplados en el Código de Justicia Militar, especialmente los descritos en ellos Títulos II, IV, V y VI de dicho cuerpo legal   y que el tribunal de SS. Itma. deberá igualmente considerar.

Desde luego la traición, el espionaje y otros crímenesque afectan gravemente a la soberanía y a la seguridad exterior del Estado, estatuídos en los arts. 244 a 258 del citado Código de Justicia Militar. 

Téngase presente que Pinochet y el alto mando de la época eran los responsables del plan de defensa de la seguridad personal del Presidente de la República, Doctor Salvador Allende, y de la defensa del orden constitucional de la nación ante las crecientes amenazas golpistas de la época. 

No cabe olvidar que en junio del mismo 1973 hubo un intento fallido de golpe de Estado conocido como el “tanquetazo” o “tancazo” para diferenciarlo del intento golpista del general Roberto Viaux de algunos años anteriores, conocido como “Tacnazo” por provenir de efectivos del regimiento Tacna.

Fue entonces que Pinochet y su grupo fueron designados garantes de la preservación del orden constitucional del país, mientras que el jefe del grupo terrorista y golpista “Patria y Libertad”, instigador del golpismo, el abogado Pablo Rodríguez Grez, se asilaba en una embajada  y salía del país para evitar su juzgamiento por tales hechos contra el orden y la seguridad nacionales.

Los ilícitos por los que nos querellamos constituyen también los delitos contra el orden y seguridad del ejército a que se refiere el Título V del citado CJM.Por cierto además importan la comisión de los delitos contra los deberes y el honor militares sancionados en el Título VI del mismo CJM.

Se cometieron asimismo los delitos inferidos por funcionarios públicos a los derechos garantidos por la Constitución descritos en los arts. 148 y sgts. del párrafo 4ª del Título III del Libro II del Código Penal. 

Ha de considerarse además los ilícitos penales contemplados en la Ley de Seguridad Interior del Estado vigente en septiembre del 73 que  sanciona varias de las conductas de los querellados entre ellas desacato, ultraje y otras. 

El golpe que destruyó la historia constitucional chilena y violó la  entonces vigente Constitución Política de 1925, vulnera además Tratados y Convenios Internacionales de los que Chile es parte.

Entre ellos los Convenios de Ginebra, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la Tortura, la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Si se tiene en consideración la penetración extranjera en la política y en las Fuerzas Armadas chilenas, de la que dan cuenta numerosas y serias investigaciones nacionales e internacionales, se concluyeen la naturaleza esencialmente delictiva, antidemocrática y antipatriótica del  proceder de los autores civiles y uniformados del golpe de Estado de septiembre de 1973.

Es hora ya de romper el largo silencio y permitir que los tribunales nacionales actúen conforme a Derecho.

3.- LOS RESPONSABLES :

Será el tribunal el que en definitiva resuelva la responsabilidad que a cada cual le corresponde; sin embargo de lo cual desde ya corresponde señalar a los altos mandos de esa época de las Fuerzas Armadas, del Cuerpo de Carabineros y del Servicio de Investigaciones.Así como a los responsables de la Embajada de los EEUU de Norteamérica en Chile. Pero, muy especialmente, a los dirigentes políticos de la oposición al Gobierno constitucional del Presidente Salvador Allende. La inmensa mayoría de todos los cuales siguen su vida a la fecha en la mayor impunidad e incluso algunos ocupando cargos de responsabilidad en el aparato del Estado.

Serán asimismo los tribunales quienes determinen las responsabilidades por cada uno de los claros actos preparatorios del crimen de lesa patria por el que nos querellamos. Nos referimos por ejemplo al acuerdo sedicioso de la Cámara de Diputados del mes de agosto de 1973 y otras declaraciones especialmente preparadas para crear el clima propicio que buscaban los conjurados, entre otros        al pronunciamiento político de la Corte Suprema de la época.

Delmismo mododebe investigarse la responsabilidad de los dueños de los medios de comunicación golpistas y de algunos periodistas coludidos con el golpe, como se demostrará en este juicio.
Una revisión de la prensa de la época inmediatamente previa al golpe del 73 nos revela toda la verdad y entrega los nombres precisos. Diarios como El Mercurio, La Tercera, Tribuna, La Segunda, etc., todos afines a la conspiración o partícipes directos, como los medios de la cadena de prensa del Mercurio, entregan antecedentes contundentes para la investigación judicial. A modo ilustrativo, consignamos a continuación algunos datos históricos ; en este caso la fuente principal, aunque no la única, es el libro de la periodista Mónica González “La Conjura, los Mil y un día del golpe”,editorial Catalonia, octubre 2012, uno de los más serios y completos.

La obra citada nos recuerda que a pocos días de la elección de Salvador Allende como Presidente de la República, exactamente el día 9 de septiembre de 1970 el embajador de los EEUU en Chile, Mr. Korry había enviado al Presidente  Nixon el siguiente mensaje: “ una y sólo una esperanza : el futuro de Chile será decidido por un solo hombre: Frei. Creo que él está jugando sus cartas con extraordinaria astucia”.

Poco después la Junta Nacional de la Democracia Cristiana de octubre de 1970 exigió a la Unidad Popular un Estatuto de Garantías que debía transformarse en Reforma Constitucional, como condición para apoyar a Allende en el Congreso. Patricio Aylwin dijo entonces: “ Reconocemos su derecho pero no está aún elegido, de nosotros depende. Y como de nosotros depende, tenemos que negociar en condiciones de fuerza.” Y agregó Aylwin :  “En ese momento Sergio Ossa Pretot , Ministro de Defensa, nos hizo saber que los mandos de la FFAA estaban preocupados por la politización del ejército bajo un gobierno de izquierda”. Añadió entonces el ahora expresidente que procedieron a reunirse en su casa, privadamente con los mandos de las FFAA. No era la primera reunión entre altos dirigentes de la DC y los militares. Tampoco fue la última. 

En ellas participaban personajes políticos, vivos hoy, y que ni siquiera han sido citados a declarar por su responsabilidad objetiva en la criminal conjura. 
Los sectores más extremos, con apoyo norteamericano, estaban abiertamente por desatar el caos e impedir que Allende asumiera la presidencia. Un obstáculo era la  actitud constitucionalista del General Schneider. Por esos mismos días apareció con fuerza en la política, como ya señalamos, el abogado Pablo Rodríguez al frente de un nuevo movimiento fascista “ Patria y Libertad “. 

Su discurso era claramente provocador y amenazante: “………si quieren guerra civil, aquí estamos nosotros de pié” y planteaba abiertamente impedir la asunción de Allende como Presidente.
Por varios atentados terroristas, el 28 de septiembre de 1970 fueron detenidos Enrique Schilling y Luis Abelardo Meza que habían provocado explosiones de bombas. Al amanecer del 2 de octubre de ese año estos terroristas hicieron explotar un estanque de 120.000 litros de combustible en el aeródromo de Pudahuel y luego intentaron volar con dinamita un paso nivel en Avda. Mata.

Otro terrorista de ultra derecha era Enrique Arancibia Clavel, hijo de un capitán de fragata y hermano de oficiales de la armada y del ejército. Dejamos constancia que, curiosamente, los jueces de la época  dejaban de inmediato en libertad a los terroristas.La conspiración continuó con el asesinato del general René Schneider, operativo en que participó el General Camilo Valenzuela que recibió 50.000 dólares de mano del agente de la CIA, Paul Wimer, quien también entregó una suma similar al almirante Fernando Porta Angulo. 

El 14 de septiembre de 1970 en la embajada norteamericana en Santiago ya se discutía las variantes golpistas y se distribuía miles de dólares para sobornar a los congresistas chilenos.Un plan sedicioso independiente que constaba con numerosos agentes distribuidos en cuarteles y oficinas, llevaba a cabo el grupo ejecutivo de la empresa norteamericana de telecomunicaciones, la poderosa ITT, dueña de los teléfonos de Chile y que fuera años más tarde estatizada por el gobierno de Allende.
Los conspirados nacionales y extranjeros con el apoyo de los medios de comunicación lanzaron otra variante de su ofensiva, como fue la creación del caos económico del país.

El 22 de octubre de 1970 por la mañana, se llevó a cabo la llamada “Operación Alfa”, en la que participaron numerosos terroristas encabezados por Juan Luis Bulnes Cerda, los hermanos Izquierdo Menéndez, Carlos Silva Donoso, Roberto Vinet, que atacaron el vehículo en que se desplazaba René Schneider, dándole muerte a balazos. 
A las 48 horas siguientes debía ser proclamado el nuevo presidente de la república por el Congreso Pleno. El  plan de los golpistas fracasó. Allende fue aclamado Presidente. Pero la ofensiva para derrocar al gobierno constitucional recién comenzaba. 

Entre las figuras de extrema derecha involucradas en el asesinato de Schneider y luego en las maniobras golpistas estaban los uniformados Roberto Viaux, Camilo Valenzuela, Joaquín García, Hugo Tirado, Vicente Huerta, de las distintas ramas de las FFAA y carabineros y también civiles como el abogado Guillermo Carey y su colega Sergio Miranda Carrington, fundador del movimiento “ No entreguemos Chile”. A su vez, la conspiración al interior del ejército continuaba su marcha.

El gran empresariado nacional no estaba ajeno en absoluto a lo que ocurría. Un papel destacado jugaba Agustín Edwards, propietario de El Mercurio y fundador en 1968 junto a oficiales retirados de la Armada de una llamada “Cofradía Náutica del Pacífico Austral”. Allí se incorporaron los almirantes  José Toribio Merino,  Patricio Carvajal, Arturo Troncoso, Roberto Kelly y Hernán Cubillos. Este grupo de escogidos mantenía activos contactos con los servicios secretos norteamericanos. Debe mencionarse también a René Silva Espejo, que dirigió  El Mercurio y que tenía contactos de alto nivel con las FFAA.
En septiembre de 1971 los empresarios con el apoyo de la citada Cofradía realizaron un seminario en el Hotel O`Higins de Viña dela Mar. En ese cónclave golpista estuvieron Javier Vial, Hernán Cubillos y Eugenio Heiremans.

A  la par, seguía activo el movimiento nacionalista ultrareaccionario“Patria y Libertad”. El general Alexander Haig recomendó por escrito entregarle recursos a Pablo Rodríguez. Acompañaban a dicho abogado, que en su juventud había militado en el Partido Radical, personajes como Roberto Thieme, el que años después contrajo matrimonio con la hija mayor del dictador.

Al complot se sumaba la Sociedad de Fomento Fabril ( SOFOFA) y también la Sociedad Nacional de Agricultura con Benjamín Matte, Alvaro Puga y Enrique Campos Menéndez. 

Mientras, decenas de miles de dólares llegaban  a Patria y Libertad, uno de cuyos principales contribuyentes era el gerente general de Ladeco, Juan Costabal.No es casual que uno de los principales ideólogos de la dictadura fascista chilena, Jaime Guzmán, participara en la fundación de Patria y Libertad en el estadio Nataniel. Guzman era Opus Dei y franquista.

Como señala la periodista Mónica González en su obra ya citada, sólo el primer año del gobierno de Allende los aportes norteamericanos  para la desestabilización y el golpe en Chile , superaron los 2 ,5 millones de dólares. Así lo consigan el informe oficial del senado de los EEUU.

Un episodio importante de esta asociación ilícita conspirativa fue el paro de octubre de 1972 y el alzamiento del general Alfredo Canales. En este episodio como en otros, juega un papel muy importante la Colonia Dignidad ubicada en Parral, predio de 16.000 hectáreas fundado en los años 60 por Paul Schàffer  y que fuera un cuartel general de la dictadura en el que se ejecutó y se hizo desaparecer a decenas de chilenas y chilenos. 

Las relaciones políticas de Colonia Dignidad con los golpistas y con figuras civiles es pública y notoria, como podrá declararlo entre otros Federico Willoughby, miembro de la dirección de Patria y Libertad, ejecutivo de una empresa norteamericana y que por esas sugestivas coincidencias de la historia terminó siendo asesor del  presidente Patricio Aylwin , después de la dictadura.

Quien ha aportado datos relevantes respecto de como se preparó el golpe que abrió paso al genocidio es don Orlando Saenz expresidente de la Sofofa, quien relata el papel jugado por diversos personajes.


Entre ellos León Villarín, Rafael Cumsille, Raúl Bazán, Jaime Guzmán, Pablo Rodríguez, Sergio de Castro, Sergio Undurraga, Arturo Fontaine, Emilio Sanfuentes, Alvaro Bardón.

Casi todos estos personajes están vivos, conocen acabadamente los hechos y deberán prestar declaración en el proceso. La lista es larga y sólo a vía de ejemplo señalemos a Hermógenes Pérez de Arce, Pedro Ewing, Federico Willoughby, Roberto Kelly, Pablo Baraona, Emilio Sanfuentes, José Radic, Gonzalo Vialy tantos otros que en su momento se solicitará sean citados ante el trobunal.

Episodios relevantes de la conspiración son  el llamado “Comité de los 15” o el “complot del pastel de choclo”.Luego vendría el asesinato del Comandante Araya de la Armada, la voladura de torres y tuberías, el paro de los transportistas, la asonada de junio del 73, el acuerdo de la Cámara de Diputados, y finalmente el golpe y los brutales crímenes hoy en manos de los tribunales, con su correspondiente operativo de inteligencia: el llamado “Plan Z” y luego el “Libro Blanco del cambio de gobierno en Chile”.

Recordemos finalmente que don Patricio Aylwin, destacado dirigente político que ha ocupado los más altos cargos institucionales del país, declaró el 26 de agosto de 1973 al periódico norteamericano “The Washington  Post”  que si a él le dieran a elegir “entre una dictadura marxista y una dictadura de nuestros militares, yo eligiría la segunda”. ¿Hay algo más claro de abierto apoyo al golpe que se veía entonces como un  real peligro para la estabilidad democrática?
El mismo personaje, actualmente vivo, pocos días después del golpe de Estado, declaró a la prensa el 17 de septiembre de 1973 que “el gobierno de Allende había agotado, en el mayor fracaso, la “vía chilena al socialismo” y se aprestaba a consumar un autogolpe para instaurar por la fuerza la dictadura comunista”

4.- LAS AGRAVANTES :

Los delitos perpetrados el 11 de septiembre de 1973, tanto en Santiago como en casi todas las ciudades y pueblos de Chile, fueron cometidos con las siguientes agravantes del art. 12 del Código Penal, descritas en sus respectivos números, que son:

Nº1.- Cometer los delitos con alevosía ya que obraron a traición y sobre seguro. Considérese que para los crímenes se confabularon todos aquellos que un político de este país ha llamado “los poderes fácticos”.

Nº2.- Ejecutarlos por medios que causaron grandes estragos y daños a personas. Baste con mencionar el asalto y bombardeo a La Moneda.

Nº4.- Aumentar deliberadamente el mal causando otros males innecesarios. La tortura, las detenciones y prisiones ilegales, el desaparecimiento de personas, el destierro, lo confirman

Nº6.- Abusar los delincuentes de la superioridad de sus fuerzas y armas. Recuérdese que asaltaron La Moneda con tropas y tanques y la bombardearon cuando dentro del palacio estaba  el Presidente Allende con un pequeño grupo.

Nº8.- Prevalerse del carácter público del principal culpable. Téngase en cuenta que Pinochet era el Comandante en Jefe del Ejército chileno y le apoyaron diversos confabulados que revestían similar carácter.

Nº9.- Emplearon los delincuentes medios absolutamente ignominiosos.Baste con recorrer la historia de esos años y la condena  que, precisamente por la ignominia de los medios empleados, aprobara la Organización de Naciones Unidas durantecada año que duró la dictadura

Nº11Ejecutaron sus crímenes con auxilio de gente armada y de personas que dado su enorme número proporcionaron su impunidad. En efecto, los crímenes de lesa humanidad del día 11 de septiembre del 73 fueron perpetrados por los mandos de las tres ramas de las FFAA, más Carabineros e Investigaciones, arrastrando a sus tropas al genocidio.

Nº13 Ejecutaron sus crímenes con ofensa y desprecio tanto de la primera autoridad pública del país como del lugar en que éste se hallaba cumpliendo sus funciones, el palacio presidencial, patrimonio de la nación.Provocaron la muerte del Presidente de la República, asesinaron a sus ministros (casos Tohá y Letelier, por ejemplo ) y destruyeron La Moneda, principal símbolo de una república democrática.

Nº18 Perpetraron los ilícitos con ofensa y desprecio del respeto que merecía el Presidente de la República, por su investidura, dignidad, autoridad, y encontrándose en su morada, natural y legítima, sin haber provocado el suceso.



POR TANTO SIRVASE SSA. ITMA.  :


En mérito de los antecedentes de hecho y jurídicos expuestos en el cuerpo de este escrito, tener por interpuesta querella criminal en contra de todos los que aparezcan responsables, civiles o militares, chilenos o extranjeros, de los diversos delitos criminales ya descritos y cometidos con ocasión del crimen que constituye el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, investigar los hechos, la conspiración, los delitos adicionales cometidos aquel día y en su momento decretar los autos de procesamiento que corresponda en la etapa procesal específica y, en definitiva aplicarles el máximo de la pena legal, todo con costas. Nuestro reclamo de justicia interpreta sin duda a la mayoría del país porque es inadmisible, jurídica y moralmente, la impunidad a este respecto. 

PRIMER OTROSI:Solicitamos que, en tanto somos representantes de organizaciones nacionales que agrupan a miles de los ofendidos, se nos declare exentas del pago de fianza de calumnias.

SEGUNDO OTROSI:  Pedimos al tribunal se sirva decretar las siguientes deligencias :
a)amplia orden de investigar a la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones ;
b)oficio a cada una de las comandancias en jefe de todas las ramas de las fuerzas armadas para que entreguen al tribunal una nómina completa de los nombres de todo el personal de cada una de las instituciones, sea Ejército, Armada o Fuerza Aérea,que participó en las operaciones golpistas del 11 de septiembre de 1973,  a partir de la noche del día 10 de septiembre de 1973 y hasta la madrugada del día 12 de septiembre de 1973, ya sea en la ciudad de Santiago como en las demás ciudades del país, con especial mención de los que participaron en el asalto a La Moneda, en la ocupación de otros edificios estatales en el país y, en el caso del ejército, de cada uno de los comandantes de los regimientos militares de esa fecha a lo largo del país.
c) oficio a la Dirección General de Carabineros de Chile para que entregue al tribunal una nómina completa de todo el personal que participó en las operaciones golpistas del 11 de septiembre de 1973,  a partir de la noche del día 10 de septiembre de 1973 y hasta la madrugada del día 12 de septiembre de 1973, tanto en Santiago de Chile como en todas las ciudades del país.
d)oficio a la Dirección General de la Policía de Investigaciones para que entregue al tribunal una nómina completa de todo el personal que participó en las operaciones golpistas del 11 de septiembre de 1973,  a partir de la noche del día 10 de septiembre de 1973 y hasta la madrugada del día 12 de septiembre de 1973 en Santiago y demás ciudades del país.

e)oficio al Servel y a la Contraloría General de la República para que informe al tribunal de la nómina de todos los dirigentes de los partidos políticos chilenos a la época del 11 de septiembre de 1973.
f)oficio a la embajada de los EEUU de Norteamérica en Santiago de Chile para que entregue al tribunal la nómina de sus funcionarios a la fecha del 11 de septiembre de 1973.
g)oficio a la Cámara de Diputados para que informe al tribunal de quienes fueron los parlamentario promotores del acuerdo de esa Cámara de agosto de 1973 que declaró como supuestamente ilegales los actos del gobierno constitucional e informe además de qué parlamentarios votaron a favor dicho proyecto de acuerdo.
h)oficio a la Excma. Corte Suprema a fin que entregue al tribunal la nómina de los ministros que formaban parte de esa Corte a la fecha del golpe de Estado y de aquellos ministros que suscribieron una declaración relativa a una supuesta desobediencia del gobierno constitucional de la época al acatamiento de los fallos de tribunales.
i)oficio a Policía Internacional para que informe a SS. Itma., respecto de las condiciones de la salida del país del ciudadano Pablo Rodríguez Grez,  jefe del grupo Patria y Libertad, tras el fracasado intento de golpe de Estado de junio del mismo año 1973.
j)oficio a las empresas periodísticas de El Mercurio y La Tercera para que remitan al tribunal ejemplares de los periódicos El Mercurio, La Tercera, La Segunda y La Tribuna de los meses de octubre de 1972 a diciembre de 1973.
k)Se cite a declarar a los periodistas señora Mónica González y señor Francisco Herreros a fin que declaren respecto de la presente querella porsu conocimiento como resultado de sus investigaciones profesionales.
l)Se cite a declarar al señor Federico Willoughby Mac Donald, vocero de la dictadura y más tarde alto funcionario del gobierno de Patricio Aylwin,  respecto de hechos de los que tiene un reconocido y personal conocimiento.

TERCER OTROSI : Pedimos al tribunal tener por acompañados: 1) copia en idioma español del llamado Informe Church del Senado de los EEUU de Norteamérica del mes de diciembre de 1975, en que consta buena parte de los fundamentos  de la presente querella, y 2) copia de material de Wikipedia acerca del llamado Plan Zeta.

CUARTO OTROSI : Pedimos a SS. Itma. se sirva disponer se traiga a la vista y se tenga como parte integrante de la presente acción penal, el expediente relativo al episodio del bombardeo de La Moneda, formado a partir de la investigación acerca de la muerte del Presidente Salvador Allende.

QUINTO OTROSI : Pedimos al tribunal se sirva tener presente que conferimos poder y patrocinio a los abogados señores Eduardo Contreras Mella y Alfonso Insunza Bascuñan.

quinta-feira, 24 de janeiro de 2013

Necessitamos de uma nova comunicação


Importante artigo de Aram Aharoniam sobre o tema crucial: Venezuela necessita uma nueva comunicação. Este tema não se limita a Venezuela: é um tema para toda América Latina onde as forças populares se levantam apesar de não dispor de um campo próprio de comunicação. Esta continua nas mãos de uma velha oligarquia anti-comunista, anti-socialista e até mesmo anti-liberal (tomando como referência o liberalismo político dos Estados Unidos). Os meios de comunicação desta direita mediática convertida cada vez mais num partido político que busca substituir os cada vez mais fracassados representantes partidários dos interesses reacionários. Se bem que é preciso tirar desta gente suas vantagens legais que lhes permitiram converter-se em monopólios privados quase estatais. Como assinala Aram: chegamos aos governos e ainda nos submetemos a leis "democráticas" segundo as quais
sustentamos com os recursos do Estado paa que nos ataquem e desenvolvam campanhas de mentiras contra nós... Liberdade de imprensa seria o direito que têm de mentir e caluniar, mas não pode ser o direito de se apropriarem dos recursos públicos para exercer este papel criminoso. 

Mas Aram nos alerta sobre os fracassos de nossa comunicação. Suas ideias são fundamentais a partir de sua experiência tão rica. E temos que discutir e analisar em detalhe nossas experiências paa produzirmos uma nova comunicação diretamente associada às transformações sociais que estamos propugnando no nosso continente.

Leiam o artigo publicado pela agencia de notícias ALAI, esta exitosa experiência de comunicação claramente situada do lado das grandes maiorias sem voz de nossa região.


La nueva Venezuela necesita de una nueva comunicación

Aram Aharonian


ALAI AMLATINA, 23/01/2013.- Venezuela asiste a la consolidación de una nueva identidad política, el chavismo, que trata de definir desde sus consensos internos hasta sus diferencias con los adversarios, y a construir un nuevo relato de país, la nueva narrativa de identificación popular –superando definitivamente el del puntofijismo- y señas identificatorias propias.

Las nuevas realidades imponen nuevas estrategias y tácticas y también políticas que mantengan unido el cuerpo social, habida cuenta del fracaso sistemático de la (falta de) política comunicacional. Hay que repensar, desde el chavismo, la forma de información y de comunicación.

El riesgo de desaparición física (o de accionar político directo de Chávez) parece ser oportunidad para abordar desde el chavismo el postergado debate de articular un liderazgo más colectivo donde diversas figuras compartan la vocería mediática. Y para definir una política informativa, teniendo en cuenta que, entre otras herramientas comunicacionales, seguramente llegue a su fin el Aló Presidente.

La nueva etapa comenzó el 8 de diciembre, cuando Hugo Chávez presentó – según palabras del sociólogo Javier Biardeau– su “testamento político”, y cambió la política comunicacional oficial y el manejo sobre la salud del Presidente.

Pero, ¿y la oposición? Hasta ahora, la mayoría de los medios de comunicación comerciales han manejado con un alto grado de irresponsabilidad y perversión la salud de Chávez y la situación institucional del país.

Pese a que las nueva realidad del país impone nuevas estrategias y tácticas, nuevos lenguajes y protagonistas, en el futuro previsible los medios privados prolongarán seguramente sus políticas, sus posiciones, su escogencia de temas y de tratamientos, comportándose como actores políticos y actores con intereses financieros. Son corporaciones mediáticas, no les interesa la sociedad, la realidad y mucho menos la verdad.

Los acontecimientos que se sucedieron en los primeros días de enero parecen haber consolidado tanto el chavismo -por un lado- como la espiral de odio y violencia que se ha apoderado de la oposición, sobre todo en la mayoría de los medios privados, que han mantenido desde el 2001 mensajes y códigos invariables que intentan suplantar a los partidos por los propios medios, y en que éstos asuman paulatinamente los poderes del Estado.

Como difusores de los puntos de vista de propietarios y anunciantes, es improbable que los medios privados modifiquen su mensaje mientras los gremios patronales no cambien su política, es decir, sus intereses, que apuntan al control total del Estado a través de sus circuitos comunicacionales o de políticos manejados por éstos, señala Luis Britto García.

¿Cómo informarán los medios privados de los planteamientos institucionalistas surgidos desde algunos de los principales voceros de la oposición? ¿Los invisibilizarán?

El reordenamiento político

En Venezuela se ha venido produciendo una reordenación del campo político en torno a la figura del presidente Hugo Chávez, superando la conexión directa y la identificación cuasi religiosa entre el líder y buena parte del pueblo.

Muchos siguen declamando sobre el carácter religioso del liderazgo de Chávez y el endiosamiento por parte de sus seguidores, pero muy poco se ha dicho sobre ese extraño fenómeno psicológico de sus detractores que lo ha convertido en el propio Mefistófeles, explicación “científica” de todas las calamidades del país y responsable de todos los vicios de nuestra política, señala el opositor Leopoldo Puchi.

La grave enfermedad crea ansiedad y desequilibrios en el cuerpo social, más aún si se trata de un liderazgo que ha removido las aguas del conflicto social venezolano y en el que se sienten representados vastos sectores populares. La carga emocional, no puede ser ignorada y esta delicada situación política debió y debe manejarse con suma responsabilidad y sensatez por los círculos dirigentes.

Sin embargo, es perturbador que la Conferencia Episcopal abriera el fuego hablando de “una interpretación acomodaticia de la Constitución” y anunciando, como consecuencia, un escenario de violencia. La Iglesia perdió otra oportunidad de jugar un papel de mediación política, como sostén a las instituciones

También hubo apresuramiento desde el oficialismo, hablando de un criterio de continuidad antes de que se expidiera el Tribunal Supremo de Justicia, e, incluso, sembrando dudas sobre la obligatoriedad de 
convocar a elecciones, en caso de falta absoluta.

Son lamentables expresiones –y campañas- surgidas del antichavismo nacional e internacional, ya que en ningún caso la sentencia puede ser catalogada de “convalidación de una usurpación”, como si la oposición hubiese sido despojada abusivamente de un poder que le perteneciera por derecho. Hasta la OEA sabe que es imposible sustentar que el chavismo sigue en el poder porque ha dado un golpe de Estado: acaba de ganar las elecciones presidenciales del 7 de octubre y las de gobernadores en diciembre.

La derecha regional e internacional aparece con mucha más capacidad de percepción política, más consciente del peligro que supone Chávez, el chavismo y la actual Venezuela. El uso sistemático del «latifundio mediático» a su servicio para desprestigiar a Venezuela es el mejor exponente.

En la última década se han producido hechos relevantes, como que grandes mayorías dejaran de ser objeto de política para pasar a ser sujetos de política y, a la vez, una mayoría –ninguneada, invisibilizada por más de dos siglos- hoy empoderada y consciente que, como ciudadanos, tienen derechos, los mismos que les fueron usurpados durante décadas.

Esto habla a la vez de la construcción –parcial, paulatina- de una identidad nacional (más allá de las regionales) junto una creciente autoestima, lo que va logrando la descolonización del imaginario. Los 
rostros, imágenes y voces invisibilizados por las elites gobernantes y los medios de comunicación comercial, comienzan a aparecer para quedarse, con sus acentos y tonadas, su diversidad étnica y cultural.

Después de dos siglos de verse con ojos extranjeros “Tenemos que terminar de borrar las fórmulas extrañas a nosotros mismos”, decía Chávez), los venezolanos comienzan a verse con ojos propios. Aparece la noción de nación y de soberanía, más allá del concepto de territorialidad, y se va asumiendo, a la vez, la identidad latinoamericana, integradora, integracionista, más allá del discurso oficial.

Una nueva etapa

Ese 8 de diciembre comenzó –sin que nadie lo decretara- una nueva Venezuela, que debe superar la situación de extrema afectividad y suspensión del juicio crítico, que, a decir de Maryclén Stelling, es una “red afectiva –miedo, amor, odio y violencia– que media nuestra relación con la realidad y afecta en consecuencia la percepción de la misma”.

Hoy, manejados por la emocionalidad y alentados y alimentados por ciertos medios de comunicación, sectores políticos asumen y se hacen cómplices de una naturalización y banalización de la violencia, perdiendo, en consecuencia, la sensibilidad colectiva en relación con la violencia destructiva en todas sus modalidades, física, psicológica, emocional o política, señala Stelling.

Y lo cierto es que cuando la violencia se despoja de su carácter de excepcionalidad se desdibujan sus límites y desaparecen los criterios para evaluarla. En este juego “amigo-enemigo” algunos medios inducen al odio y alimentan la violencia. La política concebida como un ejercicio bélico no reconoce la pluralidad ni la diversidad.

La oposición ¿sin proyecto, sin futuro?

Armando Durán, exministro de Carlos Andrés Pérez, señala que, en una “ambigüedad suicida”, muchos en la oposición siguen aún las normas que definían aquel falso bipartidismo adeco-copeyano que murió definitivamente en las elecciones de 1998, de adversarios sin enemistad, que diluían sus diferencias en la tranquila alternancia, todo perfectamente de acuerdo con el diseño trazado por los estrategas de Washington para armonizar en Venezuela, como en Estados Unidos lo hacían demócratas y republicanos, los tópicos de una “democracia” bipartidista moderna.

Hay un 1% seudo-radical (según Olivares de El Universal), que sobreestima su fuerza a causa del tuiter, mientras otros se preguntan si hay que seguir exigiendo que Chávez regrese o que se publiquen sus exámenes médicos y especulan sobre el amor-odio entre Diosdado Cabello y Nicolás Maduro, o prepararse y ponerse a trabajar desde ya para mejorar sus posibilidades de cara a esas cercanas elecciones presidenciales.

Pero resulta que ese 1% seudo-radical cuenta, por ahora, con el altavoz de una prensa opositora cartelizada, y en un nuevo intento de subvertir el orden e irrespetar la Constitución hizo circular el documento “Manifiesto de la Sociedad Democrática Venezolana y a su Fuerza Armada Nacional Bolivariana”, firmado entre otros por Oscar Lusinchi, Enrique Tejera Paris, Pedro Pablo Vidal, Oswaldo Álvarez Paz, María Corina Machado, Diego Arria, Marciel Granier, Luis Henrique Otero y Oscar García Mendoza.

Durante los años bolivarianos, estos medios cartelizados intentaron asumir la competencia de decidir cuáles leyes debían ser consideradas válidas y cuáles no; por su propia decisión difundieron como verídicos actos ejecutivos que no habían sucedido (la renuncia del Presidente); designaron y destituyeron a dirigencias políticas en las filas opositoras, y han intentado usurpar la función jurisdiccional desconociendo repetidamente tanto actos administrativos como resultados electorales y sentencias de los tribunales, formulando a su vez sentencias mediáticas inapelables contra personas e instituciones, recuerda Luis Britto García.

“Cerco mediático” y síndrome de la plaza sitiada

Los medios se acogen a la estrategia mediática internacional: hoy, carentes de credibilidad, reproducen las “informaciones” elucubradas en el exterior por una derecha con la clara intencionalidad política de socavar las instituciones, desarticular la integración latinoamericana, terminar con el chavismo y, sobre todo, apoderarse de las riquezas naturales venezolanas.

CNN en español, ABC y El País de España, El Nuevo Herald de Miami, La Nación de Buenos Aires, O Globo de Brasil, entre otros medios, completan eso que se ha dado en llamar el cerco mediático sobre Venezuela, que no es más que una orquestada, planificada campaña de descalificación, distorsión y manipulación informativa contra Venezuela, que luego es amplificada por la prensa comercial venezolana.

También se nombra este fenómeno como la guerra de Cuarta Generación, mediática, dirigida a los sentimientos, las percepciones, a crear imaginarios colectivos virtuales, lejanos a las realidades.

Según William Lindt, creador del término, “en la guerra de cuarta generación (los operadores) son expertos en la manipulación de los medios de comunicación para alterar la opinión nacional y mundial hasta el punto del el uso diestro de las operaciones psicológicas que a veces impide el compromiso de las fuerzas de combate… Las noticias de la televisión pueden convertirse en un arma operativa más poderosa que las divisiones acorazadas.”

En el contexto de guerra y de confrontación vale todo para derrotar al enemigo o al menos controlarlo, aislarlo. En Venezuela esta estrategia se encuentra con una suerte de vacío, que es una oposición desarticulada, fragmentada, de facciones que aflora como partido político ”de unidad” en coyunturas electorales, y terminadas éstas se fragmenta nuevamente, recuerda Stelling.

Ahora está fragmentada nuevamente –una colcha de retazos- y desorientada sin Chávez: se quedó sin líder para odiar y le cuesta demasiado una idea, un proyecto de país.

Pero en esta trampa de la “guerra”, aquellos que trazaron y dirigieron la comunicación bolivariana se sintieron seducidos por la teoría de la plaza sitiada –hay que defenderse continuamente de la eventual agresión imperial-, que bien sirvió a la Cuba revolucionaria en los primeros años del bloqueo, una teoría impensable en un país con cientos de radios privadas, decenas de televisoras y de diarios privados.

Los voceros chavistas se convirtieron en expertos en denunciología, olvidándose de construir una comunicación democrática, donde todos tengan voz e imagen y donde la ciudadanía participe protagónicamente de los debates sobre la realidad y el futuro del país que se está construyendo. Es una estrategia reactiva; se responde a la agenda del enemigo, y no proactiva, donde se diseña la agenda comunicacional y política.

El chavismo; ¿y ahora qué?

Para remontarse al origen de las críticas por la falta de una política comunicacional, hay que trasladarse a 1999, cuando el entonces ministro de la Secretaría de la Presidencia, Alfredo Peña, terminó con toda la institucionalidad comunicacional del Estado (obviamente para dejar que las grandes empresas mediáticas dictaran las pautas y crearan el imaginario colectivo), con el pretexto de que Chávez “es el mejor comunicador del mundo”, y dejaba al descubierto la falta de soberanía comunicacional, lo que quedó en evidencia cuando el golpe del 2002.

Poco después se aprobaba la Ley Orgánica de Comunicaciones, de corte neoliberal, y aún vigente, madre de los males que vendrían después con la Ley el Reglamento de las emisoras comunitarias.

Nadie duda del carisma y la calidad de comunicador de Chávez. En un vocabulario coloquial, intimista, informal, logró informar (y formar) a una ciudadanía que siempre había sido considerada objeto (y no sujeto) de políticas. Durante más de una década los venezolanos se enteraron de lo que sucedía en el país a través de Aló Presidente, primero radial y luego también televisado.

Pero no hemos comprendido qué etapa histórica estamos transitando, dando fin de la etapa de la resistencia (al colonialismo cultural) para comenzar la difícil etapa de la construcción de nuevas alternativas, de una comunicación democrática, de una sociedad de participación popular, encaminada al socialismo.

Construcción significa cambiar paradigmas, reiventarnos; sugiere proceso, avances y también retrocesos. Pero lo primero que debemos democratizar y de ciudadanizar es nuestra propia cabeza, reformatear nuestro disco duro, liberar los mil cuatrocientos centímetros cúbicos de nuestro cerebro.

Jamás se articuló una política comunicacional y hasta algún alto funcionario se animó a decir que la mejor política era no tener política. Es más, cualquier funcionario pretende que sean interrumpidos los programas en los horarios estelares de la que debiera ser la televisión pública para que aparezca su imagen grabada en actos protocolares banales.

Nunca se comprendió de qué se trataba la guerra cultural, y mientras se creaban costosísimos sistemas televisivos, los formatos y contenidos seguían los lineamientos del enemigo, al grado de que todas las televisoras estatales y/o fomentadas por el Estado no lograron jamás sobrepasar el 10% de la audiencia. Una televisión pública sin público, una información llena de consignas sólo para los convencidos. Una 
vocería sin credibilidad (en los últimos dos meses, el nuevo ministro del área logró ganar credibilidad con su profesionalismo y ética).

Los grandes medios empresariales operan sobre la mentalidad y la sensibilidad de las sociedades, tratando de generar una nueva fuente de historia, falsificada, fragmentada, artificial, superficial, descontextualizada, De poco sirve tener cientos de medios populares (mal llamados comunitarios) si dependen de las pautas oficiales (financieras y programáticas), cuando los medios comerciales acaparan la atención de las audiencias.

Se siguen los paradigmas del enemigo, que nos hicieron creer que comunicación alternativa era sinónimo de comunicación marginal. Basta descubrir a qué es alternativa: al mensaje único, a la imagen única, a la tónica hegemónica. Y entonces comprender que alternativo no se contradice con masivo: se puede masificar un mensaje con una red de medios populares.

Tener nuevos medios para repetir las formas inescrupulosas y la información digitada, que nada tienen que ver con el debate democrático, las formas de la comunicación hegemónica, es ser cómplice del enemigo.

Una televisión “revolucionaria” debiera desarrollar una nueva retórica y una nueva estética de respeto al público y al contenido que se transmite. La cuña y los “negros” comerciales son la ideología del capitalismo. No se puede difundir un mensaje socialista (un mensaje no es la repetición de consignas) con los procedimientos del capitalismo.

Pese a muchas declaraciones, durante más de una década el gobierno no ha intervenido para lograr que los medios acaten las disposiciones constitucionales y legales. Apenas una medida, la no renovación de la concesión a RCTV, mientras se “negociaba” con otros medios privados con generosas y hasta pródigas pautas publicitarias a ciertos medios privados, señala Britto García.

El efecto fue que redoblaran sus ataques al gobierno (con financiamiento de éste) y sirvan de promotores ante los organismos internacionales de acusaciones temerarias de falta de libertad de expresión.

Muchos han leído solapadamente a Gramsci (es decir, leyeron solo la solapa del libro) para disertar sobre hegemonías. Sin embargo, el nuevo ministro, Ernesto Villegas, señaló acertadamente que “hablar de una hegemonía revolucionaria es todavía una utopía”, ya que “podemos tener muchos recursos para tratar de dar la batalla, pero todavía existe una hegemonía cultural capitalista que es visible incluso en nuestros mismos hábitos, en nuestros gustos, en nuestra manera de accionar, en la manera como miramos a nuestros semejantes”. Ante esa hegemonía cultural “la visión de la revolución es contrahegemónica”, dijo.

No está mal como para empezar a tomarse en serio este tema, el de la nueva comunicación en tiempos de cólera y de nueva etapa política en el país.

Desafíos comunicacionales de corto plazo

Entre los desafíos del gobierno, de acá en más, están el extender aún más la participación y el control popular, debatir y priorizar nuevos objetivos y metas, y revitalizar los sueños colectivos. En el breve plazo deberá mostrar estrategias comunicacionales en cuanto a la participación popular, las nuevas realidades políticas en la oposición y en el chavismo, los temas económicos y financieros, sin olvidar los de seguridad y la construcción del imaginario colectivo del camino hacia el socialismo del siglo XXI

Participación popular: Los próximos comicios, en mayo, serán para elegir alcaldes y concejales. Lo cierto es que hasta el momento el PSUV ha abandonado la escogencia de sus candidatos por elecciones primarias en cada circuito, pero la presión de las bases se mantiene, en la exigencia de fecha para garantizar la participación popular para la selección de los abanderados bolivarianos, de forma que ésta no se haga por imposición de la cúpula. Una u otra decisión deberá ser comunicada a la ciudadanía en general y al chavismo en particular.

Como dijera Chávez, la democracia de elites, representativa es contrarrevolucionaria. Un gobierno tomando decisiones entre cuatro paredes, expropiándole al pueblo su soberanía, también es contrarrevolucionario".

La percepción política: La Mesa de Unidad Democrática se ha abstenido de hablar de usurpación y desconocimiento de la decisión del TSJ, pero sectores más alienados a las directivas de Washington – como la mediática María Corina Machado, impulsada como sucesora de Henrique Capriles como abanderada presidencial – le ganan la batalla en el chismorreo político, desconociendo a Nicolás Maduro y soñando con una “primavera árabe”, tuiteada y televisada.

Sólo campañas proactivas e informativas permanentes, con voceros con credibilidad pueden romper con la desinformación chismorreica.

La percepción económica: Pese al crecimiento económico y la baja tasa de desempleo, la escasez y la inflación siguen preocupando. La explicación de que son consecuencia de la especulación no satisface ni alcanza, si no se busca corregir la baja productividad y definir de alguna forma la presión empresarial para sacar las ganancias fuera del país, que mantiene un dólar paralelo galáctico sin lograr eliminar la fuga de capitales.

No bastan las cifras macro para tratar de explicar lo que la ciudadanía palpa todos los días. Una estrategia de información debiera incluir contenidos formativos en lo económico: el pueblo merece comprender de qué se trata y cómo se trata.

Hugo Chávez señalaba que él sólo echó las bases del socialismo: “Quiero construir el edificio (…) Invito a todos a que pensemos, diseñemos y pongamos en práctica acciones en todos los ámbitos para llenar de fuerza transformadora a la democracia revolucionaria”.


- Aram Aharonian es periodista y docente uruguayo-venezolano, director de la revista Question, fundador de Telesur, director del Observatorio Latinoamericano en Comunicación y Democracia (ULAC).

segunda-feira, 21 de janeiro de 2013

EEUU: más allá de la crisis


El libro EEUU: Más allá de la crisis, de Dídimo Castillo F. y Marco A. Gandásegui, hijo, se presentó en la Librería Universitaria de la Universidad de Panamá el pasado 17 de enero de 2013. Los honores los hizo Miguel A. Candanedo, secretario general de la Universidad de Panamá y miembro del comité directivo del Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA), "Justo Arosemena". El libro es una publicación conjunta de Siglo XXI ed. México, CLACSO y UAEM. Participaron en la preparación del libro 20 especialistas latinoamericanos, miembros del grupo de trabajo sobre Estudios de EEUU de CLACSO.



En total, el grupo de CLACSO logró publicar tres libros sobre el tema de la crisis de EEUU, su significado a escala global y su impacto sobre América latina. Esta última publicación cuenta con una presentación de Theotonio dos Santos y un prólogo de John Saxe Fernández. En el acto realizado en la Universidad de Panamá participaron los coordinadores del libro, ambos de nacionalidad panameña.




Según Gandásegui, el libro se pregunta si la crisis-recesión capitalista global tiene una solución. ¿Cuál sería la solución? ¿En que consiste la relación entre China y EEUU? ¿Cómo se manifiesta o se entrelazan la lucha de clases y la lucha geopolítica por la hegemonía global? ¿Tiene América latina un papel que jugar en la lucha global por la hegemonía? ¿Qué clase social o combinación de clases sociales son capaces de asumir el liderazgo?



Castillo señaló que el grupo de trabajo sobre Estudios de EEUU realizó su trabajo entre 2004 y 2010, publicó tres libros, numerosos artículos en revistas especializadas de tres continentes, participó en muchos congresos y conferencias y realizó 12 reuniones de trabajo (3 de los cuales se realizaron en la Universidad de Panamá).




Castillo es profesor de Sociología de la UEAM y miembro del comité editorial de la revista TAREAS (que publica el CELA). Gandasegui es profesor de Sociología de la Universidad de Panamá e investigador asociado del CELA "Justo Arosemena".





El libro se estructura en tres secciones temáticas: la primera, enfatiza el significado de la crisis de EEUU y sus consecuencias globales, la segunda, enfoca la perdida de hegemonía y la crisis de valores que dan coherencia simbólica al llamado “sueño americano” y la tercera sección es sobre la nueva geopolítica de EEUU y los nuevos escenarios para América latina.




Contribuyen a la primera parte - Crisis mundial o crisis del capitalismo - Theotonio dos Santos, de la Universidad Fluminense de Rio de Janeiro, Carlos Eduardo Martins, de la Universidad Federal de Rio de Janeiro, Orlando Caputo L., del Centro de Estudios sobre Trasnacionalización (Chile), Jaime Ornelas, de la B. Universidad Autónoma de Puebla y Marco A. Gandásegui, hijo, de la Universidad de Panamá e investigador del CELA.



Contribuyen a la segunda parte- Crisis de hegemonía y decadencia interna en Estados Unidos - Adrián Sotelo, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Daniel Munevar, de la Universidad de Texas en Austin, Fabio Grobart, de la Universidad de La Habana, Dídimo Castillo, de la Universidad Autónoma del Estado de México, Alejandro I. Canales, de la Universidad de Guadalajara, James Martín Cypher, de la Universidad Autónoma de Zacatecas y Jorge Hernández M., de la Universidad de La Habana.



Contribuyen a la tercera parte - Nueva geopolítica de estados unidos. Escenarios para América Latina - Luis Suárez S., de la Universidad de La Habana, Darío Salinas F., de la Universidad Iberoamericana, Silvina M. Romano, de la Universidad Nacional de Córdoba, Jaime Zuluaga, de la Universidad de Externado de Colombia, María J. Rodríguez, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Catalina Toro, de la Universidad Nacional de Colombia y Gian Carlo Delgado, de la UNAM.

Fonte: Marco A. Gandásegui, hijo

Busca